Caballo de batalla" de los homosexuales en Gibraltar vuelve a los tribunales

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El "caballo de batalla" de los homosexuales de Gibraltar, la diferencia de edad con respecto a los heterosexuales para tener consentimiento en las relaciones sexuales, vuelve mañana a los tribunales, en un proceso en el que el Gobierno del Peñón y el del Reino Unido mantienen posturas encontradas.
Ambos gobiernos y la asociación Gibraltar Gay Rights han sido admitidos como partes en este proceso, en el que se pone en cuestión la legislación del Peñón, que fija en los 18 años la edad mínima para el consentimiento legal de las relaciones sexuales homosexuales y en dos años menos para los heterosexuales.
La Corte Suprema del Peñón celebrará mañana una vista para decidir si se admite como partes a otros colectivos y ciudadanos que han solicitado participar en este proceso que para el presidente de Gibraltar Gay Rights (GGR), Félix Álvarez, será "fundamental" para la obtención de "una igualdad real" con los heterosexuales.
En una entrevista con Efe, Félix Álvarez ha explicado que la situación de los homosexuales en el Peñón "está a años luz" de la existente en los países de la Unión Europea y, especialmente, en España.
"La edad de consentimiento es el principal caballo de batalla en este momento, pero nuestro colectivo seguirá con la lucha para conseguir la igualdad en todos los ámbitos, especialmente en el reconocimiento de las parejas de hecho", ha asegurado Álvarez, que tuvo que mudarse desde Gibraltar al municipio fronterizo, La Línea de la Concepción (Cádiz), para casarse con su pareja.
Tanto Reino Unido como GGR defienden que deben imperar las decisiones europeas sobre la igualdad de derechos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por contra, el Gobierno de Gibraltar rechaza la aplicabilidad directa de estas normativas y, en el caso de la edad de consentimiento sexual, alega razones "objetivas" y "religiosas", según ha publicado la prensa gibraltareña.
Los representantes legales de GGR argumentarán que la Constitución gibraltareña concede a su gobierno competencias en asuntos internos, pero no en asuntos exteriores, como los derechos humanos.
Álvarez ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, ha insistido recientemente en la necesidad de que Gibraltar acate el convenio de Derechos Humanos europeo.
"Aunque el obligado técnicamente por el convenio es Reino Unido; Reino Unido extendió su aplicación a Gibraltar mediante un protocolo", ha dicho Álvarez.
Se trata de un proceso histórico en Gibraltar, ya que es la primera vez que el gobierno de El Peñón se personará como parte en un juicio sobre la declaración de constitucionalidad de una ley.
"El Gobierno antes no podía personarse en estos casos porque se requería ser persona física, no podía hacerlo una persona jurídica, pero se modificó la ley en el Parlamento de Gibraltar", ha afirmado el presidente de GGR.
Además de las tres partes ya admitidas en el proceso, han solicitado su participación la Asociación de Mujeres de Gibraltar, la Alianza Evangélica de Gibraltar y dos particulares, según ha explicado Félix Álvarez, que advierte del "elevado coste político" que podría tener el caso para el ministro principal, Peter Caruana (Social Demócratas de Gibraltar).
"Su postura es muy sectaria, amparada en un punto de vista católico muy personal, y contamos con el respaldo del partido de la oposición (Partido Socialista Laboralista de Gibraltar) y de la tercera formación política" (Partido Democrático Progresista)", sostiene Álvarez, que apunta que, según las encuestas, el 60 por ciento de la población apoya la igualdad.
En la vista oral que se celebrará mañana, la Corte Suprema, además de decidir si se pueden personar en el proceso las partes que lo han solicitado, fijará la fecha de inicio del proceso en el que se juzgará sobre el carácter vinculante de las decisiones comunitarias ratificadas por el Reino Unido para Gibraltar.