sábado, 17 de abril de 2010

Gibraltar pide la exclusión del Reino Unido del proceso legal sobre los gays

Gibraltar pide la exclusión del Reino Unido del proceso legal sobre los gays
El Gobierno alega que la Constitución le otorga competencia exclusiva. El GGR califica de "débil" este argumento

Efe/E. R. / Algeciras/gibraltar | Actualizado 17.04.2010 - 01:00

1 comentario0 votosEl fiscal del Gobierno de Gibraltar solicitó ayer la exclusión del Reino Unido como parte en el proceso sobre la edad de consentimiento para los homosexuales en el Peñón. En la actualidad, la legislación de Gibraltar establece la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales en 16 años para los heterosexuales y las lesbianas, mientras que se eleva a 18 para los hombres homosexuales.

El presidente del Grupo por la Igualdad de Derechos (GGR), Félix Álvarez, explicó a este respecto que el Ejecutivo de Peter Caruana ha alegado "que se trata de un asunto de carácter interno y que la competencia es exclusivamente suya según la nueva Constitución".

"Es un argumento muy débil y tanto Londres como la asociación a la que pertenezco contamos con la legislación internacional sobre derechos humanos a nuestro favor", puntualizó Álvarez.

En este sentido, hay que recordar también que el Reino Unido anunció hace unas semanas, tal y como publicó este diario, que no ha descartado la posibilidad de imponer legislación en Gibraltar que equipare la edad de consentimiento, al entender que la legislación internacional exige que exista esa igualdad entre heterosexuales y homosexuales, aunque es partidario de que sean sus propios territorios de ultramar -como es el caso de Gibraltar- "los que den el paso por su cuenta".

Por otro lado, el juez supremo de Gibraltar, Anthony Dudley, pospuso ayer para la próxima vista su pronunciamiento sobre la participación de otras asociaciones y particulares que han solicitado personarse en el proceso.

En concreto, el juez supremo debe determinar, a petición del Gobierno, si la diferencia de edad actual discrimina los derechos constitucionales de los homosexuales y, por tanto, el Gobierno del Peñón tiene que proceder a la equiparación para al mismo tiempo acatar lo establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos.

De otra parte, el presidente del GGR destacó la petición de un particular "que rechaza la constitucionalidad de la ley, aprobada el pasado 1 de noviembre, que permite al Gobierno ser parte en un juicio sobre constitucionalidad, ya que hasta ahora sólo podían serlo las personas físicas. Si el juez toma en consideración esta postura, la situación podría dar un giro radical", apuntó.

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